¿Quieren los independentistas ser ciudadanos?

La negligencia y la inacción son delitos en política aunque no se recojan en el código penal. Rajoy es culpable, pero no es el único culpable. Eso sí, ha contribuido probablemente a fabricar más independentistas sobrevenidos que los Junqueras y los Puigdemont que se limitan a afirmar que ellos son buenas personas (como si los contrarios a sus tesis no lo fueran). Gestionar una crisis política traspasando el problema a jueces y policías ha sido un grave error; por eso ahora se está discutiendo las acciones, justas o desmedidas, de unos y otros, en lugar de las ilegalidades de los responsables de la Generalitat y la mayoría abusiva del Parlament. Un político, Rajoy, que actúa como un notario o un registrador, lo que es, desentendiéndose de la acción política. Hubiéramos necesitado un político. Se ha exagerado algo la responsabilidad de Rajoy, pero es un hecho que ya no es un interlocutor válido. Necesitamos un político, no un registrador de la legalidad. Y frente a esta indolencia marianista la sobreactuación soberanista catalana.

En realidad, no todo es incompetencia inactiva. Rajoy sí ha actuado, pero lo ha hecho no como un presidente de un gobierno que defiende la legalidad y la constitución, sino como un líder de un partido que ha hecho unos mezquinos cálculos electorales que le suponen hipotéticos réditos en el resto de los territorios del Estado fuera de Cataluña. Y puede, lamentablemente, que no se equivoque. Se pierde Cataluña a cambio de mejorar en una España supuesta y crecientemente anticatalana. Es decir, se incrementa la fractura emocional e institucional. Sin embargo, defender con torpeza la constitución y la legalidad no es comparable a vulnerarlas, como han hecho los dirigentes catalanes independentistas. Hay pues una gran asimetría. Más responsable es una CUP que ha secuestrado al resto de formaciones mayoritarias en Cataluña y que procede con la vieja táctica leninista de ocupar el Estado para destruirlo desde dentro y ocupar la calles para suplantar la soberanía delegada del parlamentarismo con las masas. De libro.

Las concesiones a Cataluña vienen de lejos y concedieron una importancia a los partidos —también los vascos— bisagra nacionalistas en el Estado mucho mayor que la que les correspondería por representación y con más exactas circunscripciones electorales. Esas concesiones se hicieron a cambio de estabilidades transitorias. Pasó en diversos grados con Felipe, con Aznar, con Zapatero y con Rajoy. De aquellos polvos, que derivan también de una injusta territorialidad electoral que vulnera el aforístico supuesto de un ciudadano un voto, hemos pasado al lodo de la quiebra del estado.

La batalla de la propaganda la ha ganado el independentismo como demuestran esas masas de jovenzuelos obnubiladas por un paraíso prometido y justamente encorajinadas por las acciones policiales, más torpes que excesivas, aunque cuando se despierten el dinosaurio seguirá ahí. Se han creído que esa insubordinación, golpe de estado o cómo se le quiera llamar es una prolongación del bonito 15 M. Y no.

Los más de siete millones de catalanes tienen reivindicaciones justas, como las tienen, aunque no sean siempre exactamente las mismas, los ciudadanos de Murcia o de Madrid. Por eso es más eficaz para el independentismo hablar de emotivas entelequias como “pueblo” o “nación” o de derechos inaplicables a su caso como el de autodeterminación, que hablar de derechos y deberes, y que hablar de ciudadanía. Muchos catalanes quieren ser europeos sin pasar por el peaje de ser españoles, pero ¿quieren ser ciudadanos, como los murcianos, como los madrileños, o como los alemanes? Me parece que no, que se sienten austrohúngaros que quieren ser sólo húngaros.